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Miércoles, 17 de Enero de 2018

Sala de Prensa

Profesionales puertorriqueños piden el veto a la nueva Ley de Justicia Juvenil

Viernes, 15 de Diciembre de 2017
Justicia Juvenil en el mundo

Unas 40 reconocidas figuras de los ámbitos legal, religioso y artístico de Puerto Rico se han unido en una carta pública difundida el 13 de diciembre para pedir al gobernador Ricardo Rosselló que no firme la nueva Ley de Justicia Juvenil aprobada recientemente por la Legislatura. Esta carta, impulsada por el Colegio de Abogados junto con su Comisión en Torno a los Derechos de los Niños, pide concretamente el veto de los proyectos de la Cámara 1035 y 1036, a los que la carta define como un “grave atropello a los derechos humanos” de los niños en conflicto con la ley en Puerto Rico.


Estas voces se unen a las que ya habían denunciado desde el ámbito académico del Derecho a estos dos Proyectos por presentar un sistema de justicia para niños no adaptado a su desarrollo biológico, social y psicológico. En este sistema se reduce a 14 años la edad mínima en la que un menor puede ser considerado como adulto en un tribunal, se amplían los tipos de delitos que en los que se les puede considerar como tales, y se introducen penas de más larga duración, entre otras disposiciones que enfatizan la punición y que dificultan la rehabilitación de estos jóvenes.

En contraposición, el Senado de Puerto Rico ha aprobado por unanimidad el proyecto del Senado 489, que establece una edad mínima de responsabilidad penal en los 13 años, promueve la mediación como opción para la resolución de conflictos entre jóvenes, y elimina el comparecer encadenado ante el tribunal y el confinamiento solitario, entre otras medidas más en la línea de los estándares internacionales en justicia juvenil.

Además de pedir el veto del gobernador a los proyectos 1035 y 1036, estos profesionales coinciden en recomendar la formación de un comité interdisciplinario que ofrezca propuestas para la formulación de una nueva ley sobre la base de la evidencia científica, dando lugar a un sistema de justicia juvenil adaptado a las características propias de los niños.  


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